El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado que el cierre de páginas web que exploten los derechos de autor sin autorización deberá contar siempre con un control y autorización judicial, a la que la Comisión de Propiedad Intelectual tendrá que comunicar sus decisiones. Una postura que contradice el polémico proyecto de Ley de Economía Sostenible presentado por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde.
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nakoga
